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El pasado mes de junio se producía una noticia que pasó prácticamente desapercibida pero que, de alguna manera, recupera su actualidad ante las informaciones sobre cual será el coste que la visita del Papa católico supondrá para las arcas del Estado español. Me refiero a la propuesta que la Presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional Le Droit Humain, realizaba en el curso de una mesa redonda -con presencia de todas las potencias masónicas liberales españolas- que se celebró en el Ateneo de Madrid. La propuesta en cuestión era la eliminación de la casilla “iglesia católica” de los impresos de la declaración del impuesto sobre la renta.

Digo que tal propuesta recupera su total actualidad si atendemos a que el erario público deberá correr con los gastos de la visita papal cuando esta se inscribe, entiendo yo, en el quehacer pastoral propio del personaje y que atañe de forma exclusiva a los miembros de su confesión. Sentado esto, no parece propio que si la Iglesia católica ya recibe una importante asignación a costa del erario público, seamos todos los españoles los que debamos asumir unos gastos que únicamente atañen a una parte de la población española que, supongo, sería quien debería correr con dichos gastos a través de las oportunas cuestaciones en los múltiples centros que esta entidad religiosa tiene repartidos a lo largo y ancho de España.

Volvemos, desgraciadamente, a tener que denunciar un asunto que hace años debería haberse resuelto y que se presenta de manera recurrente en nuestra vida pública a pesar de las reiteradas promesas de hacer de España un estado verdaderamente laico en el que las religiones, cualquiera de ellas, puedan ejercer su actividad pero sin que en ningún caso puedan condicionar la vida social de nuestro país.

Hemos asistido a innegables avances en materia de derechos sociales, pero seguimos arrastrando esta asignatura curso a curso en una suerte de eterno retorno “para setiembre”. Gobierne quien gobierne y háganse las promesas que se hagan, la Iglesia Católica sigue campando a sus anchas por la piel de toro, recibiendo dinero a espuertas, condicionando la vida social en base a sus particulares concepciones morales y con un enorme peso en la educación de nuestros niños y jóvenes en base a unos conciertos educativos que, si tuvieron su justificación en el momento en el que se firmaron, podemos asegurar que se encuentran absolutamente caducados por la propia dinámica social y por la evolución demográfica de España.

Parece que va siendo hora de que el laicismo se implante en nuestro país pero no con el consabido y fácil “café para todos” sino con el más claro “todos sin café”. La religión es una cuestión que se debe circunscribir al ámbito exclusivamente privado y que, con independencia de la necesaria libertad religiosa y de culto, en manera alguna puede condicionar la vida pública de ningún país. Si nos parecen fuera de lugar determinadas teocracias de raíz islámica no se entiende la preponderancia que se le permite a la Iglesia Católica española. Un ligero toque de coherencia no vendría mal.

Por encimas de las estructuras sociales organizadas, lo que podemos denominar el “establisment”, tiene cada vez más preponderancia lo que se conoce como la “sociedad civil” , intentos loa bles por cambiar las cosas al margen de los poderes establecidos y que como todo en esta vida tiene también su contraparte en el lado oscuro, la sociedad incivil.

En nuestro país,  en el que la capacidad de asociarse es absolutamente ridícula más allá del fútbol, se comienza a dar un fenómeno digno de estudio y es la movilización de esa capa de ciudadanos inciviles que cada día con mayor fuerza y alboroto se adueñan de nuestras calles para expresar su indignación contra todo aquello que atenta contra las sacrosantos mandatos de la iglesia mayoritarioa en nuestro país que es la católica.  Seguramente en otro país estos mismos energúmenos pertenecerían a las alas más intolerantes de cualquiera de las múltiples religiones dominantes a lo largo y ancho del muno y pedirían las mismas cosas: eliminación del derecho al aborto, encarcelamiento de los homosexuales, restricción de libertades sociales……, vamos lo mismo que se pide aquí pero con turbantes o tirabuzones.

Hace algunos días algunos cientos de personas pertenecientes a esta parte de la sociedad perfectamente prescindible se manifestaban en Madrid exigiendo que el TC, ese desprestigiado TC por su absoluta inoperancia debida a sus múltiples  hipotecas políticas, suspendiese cautelarmente la nueva “Ley del Aborto” que acaba de entrar en vigor ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por el nuevo partido del progreso, el anteriormente conocido como Partido Popular y actualmente reconvertido en defensor de los débiles, los trabajadores, los pensionistas y todo aquel que se le ponga a tiro y que pueda estar más o menos perjudicado por las últimas decisiones del actual Gobierno de España.

Esos energúmenos, movidos por los sectores más reaccionarios de la iglesia católica española y por la extrema derecha que suspira por el retorno de ese fascismo tan español que fue el franquismo, representan la parte más incivil de una sociedad que debería plantarles cara pero que,  acojonada por la crisis, prefiere apuntarse a la táctica del avestruz por aquello de ojos que no ven corazón que no siente. Cuando saquen la cabeza del agujero es posible que se encuentren con un mundo que no les guste nada pero cuyo cambio requerirá mayor esfuerzo que el necesario si las cosas se intentase cortar cuando se encuentran en las primeras fases de crecimiento.

Ayer, 10 de diciembre, fue el día en el que las Naciones Unidas dedican a recordarnos el respeto que se debe tener por los Derechos Humanos. Es un día más entre otros muchos en los que se trata de que la humanidad tome conciencia de algún hecho de especial relevancia. El de ayer, como todos los demás, pasan sin más relevancia que la prestada por los medios de comunicación que suelen dedicar un espacio a recordarnos la fecha.

La conmemoración, si es que hay algo que conmemorar, de ayer se produce en un momento especialmente duro en nuestro país, una mujer, nacida española, al igual que sus padres, se encuentra en grave riesgo por mantener una huelga de hambre en defensa de su dignidad, de sus derechos como persona y como mujer, derechos que están siendo pisoteados en su tierra por una ocupación ilegal y en nuestro país por la detestable “razón de estado”.

Creo que más que recordar la efeméride, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deberíamos ocuparnos más de que tales derechos se cumpliesen por encima de cualquier otra consideración. Sería la mejor manera de festejar una declaración que por unas u otras razones no deja de ser una simple lista de buenas intenciones que se conculcan a la menor oportunidad sin que a los estados y a los gobernantes les tiemble el pulso.

He dicho