El pasado mes de junio se producía una noticia que pasó prácticamente desapercibida pero que, de alguna manera, recupera su actualidad ante las informaciones sobre cual será el coste que la visita del Papa católico supondrá para las arcas del Estado español. Me refiero a la propuesta que la Presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional Le Droit Humain, realizaba en el curso de una mesa redonda -con presencia de todas las potencias masónicas liberales españolas- que se celebró en el Ateneo de Madrid. La propuesta en cuestión era la eliminación de la casilla “iglesia católica” de los impresos de la declaración del impuesto sobre la renta.

Digo que tal propuesta recupera su total actualidad si atendemos a que el erario público deberá correr con los gastos de la visita papal cuando esta se inscribe, entiendo yo, en el quehacer pastoral propio del personaje y que atañe de forma exclusiva a los miembros de su confesión. Sentado esto, no parece propio que si la Iglesia católica ya recibe una importante asignación a costa del erario público, seamos todos los españoles los que debamos asumir unos gastos que únicamente atañen a una parte de la población española que, supongo, sería quien debería correr con dichos gastos a través de las oportunas cuestaciones en los múltiples centros que esta entidad religiosa tiene repartidos a lo largo y ancho de España.

Volvemos, desgraciadamente, a tener que denunciar un asunto que hace años debería haberse resuelto y que se presenta de manera recurrente en nuestra vida pública a pesar de las reiteradas promesas de hacer de España un estado verdaderamente laico en el que las religiones, cualquiera de ellas, puedan ejercer su actividad pero sin que en ningún caso puedan condicionar la vida social de nuestro país.

Hemos asistido a innegables avances en materia de derechos sociales, pero seguimos arrastrando esta asignatura curso a curso en una suerte de eterno retorno “para setiembre”. Gobierne quien gobierne y háganse las promesas que se hagan, la Iglesia Católica sigue campando a sus anchas por la piel de toro, recibiendo dinero a espuertas, condicionando la vida social en base a sus particulares concepciones morales y con un enorme peso en la educación de nuestros niños y jóvenes en base a unos conciertos educativos que, si tuvieron su justificación en el momento en el que se firmaron, podemos asegurar que se encuentran absolutamente caducados por la propia dinámica social y por la evolución demográfica de España.

Parece que va siendo hora de que el laicismo se implante en nuestro país pero no con el consabido y fácil “café para todos” sino con el más claro “todos sin café”. La religión es una cuestión que se debe circunscribir al ámbito exclusivamente privado y que, con independencia de la necesaria libertad religiosa y de culto, en manera alguna puede condicionar la vida pública de ningún país. Si nos parecen fuera de lugar determinadas teocracias de raíz islámica no se entiende la preponderancia que se le permite a la Iglesia Católica española. Un ligero toque de coherencia no vendría mal.